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lunes, 30 de noviembre de 2009

Gobierno omite datos en informes de DD.HH. a organismos internacionales



Así lo concluye un informe que publica la Universidad Diego Portales, donde se denuncia el primer caso de un “detenido desaparecido” en democracia. Se trata del menor José Huenante (16), detenido en Puerto Montt el 3 de septiembre 2005, sin que hasta hoy se conozca su paradero. Solo en marzo de 2009, cuatro años después de los hechos, tres carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José Huenante y dados de baja de la institución.

“Las autoridades estatales, a pesar de sostener un discurso que promueve la participación de la sociedad civil, en los hechos desatiende sus recomendaciones y omite información crítica que es de interés para los órganos de tratado”. Así lo sostiene la séptima versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile que publica la Universidad Diego Portales desde el año 2003.


La afirmación se refiere concretamente a los informes oficiales que ha elaborado el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar cuenta de la realidad chilena respecto al cumplimiento de las obligaciones que en esta materia ha asumido Chile con el sistema internacional. La aseveración que contiene el informe de la UDP, presentado por el director del Centro de Derechos Humanos de la universidad, Jorge Contesse, se basa en el análisis de los contenidos de tres informes oficiales entregados por nuestro país durante el 2008 y 2009.


En todas las ocasiones, sostiene la investigación, la sociedad civil elaboró “informes sombra” -sistema establecido para permitir la entrega de información alternativa con el propósito de aportar otros elementos de análisis y contra restar las informaciones oficiales- que han sido omitidos. Uno de los casos paradigmáticos que plantea el informe, se refiere a la situación de personas privadas de libertad, especialmente menores de edad, donde se plantearon denuncias graves por parte del Informe Anual de DD.HH. de la UDP del año pasado; por la Unicef, por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Contraloría General de la República.


En el informe de este último organismo, por ejemplo, se denuncia la ausencia de personal suficiente, la aplicación de irregularidades en la aplicación de sanciones, la sobrepoblación de internos y las malas condiciones de los establecimientos, mientras que el informe oficial del gobierno solo hace referencia a esta materia señalando que la implementación de la reforma de responsabilidad penal juvenil no ha estado exenta de dificultades.


Violencia Policial


Otra de las denuncias planteadas por el informe de este año da cuenta de un caso de violencia policial con desaparición de una persona. “Un caso muy grave de violencia policial contra menores de edad detenidos arbitrariamente ha venido a rememorar prácticas propias del peor período de la dictadura militar: el drama de la desaparición forzada de personas, y de la falta de información y de respuesta oportuna de la justicia y la policía a las demandas de los familiares”, denuncia la investigación, al incluir el caso del menor José Huenante (16), detenido en Puerto Montt el 3 de septiembre 2005, sin que hasta hoy se conozca su paradero. Solo en marzo de 2009, cuatro años después de los hechos, tres carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José Huenante y dados de baja de la institución. Pero el adolescente (o sus restos) sigue sin aparecer y la investigación judicial registra escaso avance y poca colaboración de parte de Carabineros de Chile, se denuncia.


“Si bien es posible destacar avances en áreas específicas, como el acceso a la información pública, el panorama general muestra que aún queda mucho camino por recorrer para hacer realidad las promesas de igual dignidad y libertad contenidas en los tratados que Chile ha suscrito y que recoge la propia Constitución”, afirmó Contesse en la primera presentación pública de esta investigación anual que realiza en centro que dirige en la Universidad Diego Portales.


Aspectos positivos


En los últimos años, Chile ha ido buscando, y en buena parte ha logrado, una posición de referente internacional en materia de derechos humanos, señala el Informe. Especialmente, tras la instalación del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al convertirse en uno de sus 47 miembros acceder a su vicepresidencia. “La transición a la democracia después de la dictadura militar, sumado a la potente historia personal de su Jefa de Estado, quien vivió en carne propia el terror de Estado, pavimentaron el camino para que Chile saliera de su posición tradicional de observador para aspirar a convertirse en un Estado con una fuerte voz en la arena internacional, como no ocurría quizá desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, se afirma.


Fracaso en País Mapuche


En cuanto a unos de los temas más calientes del año el Informe nuevamente llama la atención sobre la falta de respuestas adecuadas para enfrentar las demandas de tierra que el pueblo mapuche levanta desde hace años, destacando el análisis del proyecto de reforma constitucional que da reconocimiento a los pueblos indígenas. Se concluye que la política del Gobierno no ha resultado exitosa y que, a pesar de esperarse lo contrario, con la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, no se ha logrado institucionalizar canales de participación que alejen el enfrentamiento entre autoridades estatales e indígenas. Otros temas que toca el Informe son Medio Ambiente, violencia contra las mujeres, protesta social y justicia militar.


Por: Azkintuwe

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está invocando una severa ley antiterrorista a MAPUCHE


Temucuicui, Chile (Ap)


El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está invocando una severa ley antiterrorista heredada de la misma dictadura que encarceló y torturó a su padre y la mandó a ella al exilio, para lidiar con los brotes de violencia derivados de los reclamos de tierras ancestrales de los mapuches.


La ley permite extensos períodos de incomunicación, testigos secretos y aumentar entre uno y tres grados las condenas. La defensa no tiene acceso al sumario antes de 70 días y la fiscalía tiene seis meses o más para investigar.


"Estamos frente a una desventaja objetiva y se viola el justo proceso", afirmó el abogado Manuel Adolfo Montiel, defensor de mapuches.


Las autoridades recurren a esa ley porque las comunidades indígenas más combativas apelan a la fuerza, incluidos atentados y ocupación de tierras. Los indígenas, por su parte, se quejan de que la represión policial no respeta a ancianos ni niños.


Los conflictos mapuches son un dolor de cabeza para Bachelet, que deja el gobierno en marzo y ostenta una popularidad del 78 por ciento, porque recibe quejas de organismos internacionales, como Unicef y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por el uso de la ley y las denuncias de malos tratos a niños.


Un recorrido por corresponsales de agencias noticiosas por La Araucanía, 650 kilómetros al sur de Santiago, incluida Associated Press, permitió observar huellas de la represión, conversar con dirigentes encarcelados y visitar comunidades indígenas.


Bachelet, quien se fue al exilio durante el gobierno de Pinochet, dijo que comprende los reclamos indígenas, pero que "nada, absolutamente nada justifica la violencia en la zona de La Araucanía (en el sur). El único camino de solución a las legítimas demandas históricas del pueblo mapuche es el diálogo".


Varios presos de Temuco, 670 kilómetros al sur, denunciaron largas incomunicaciones, malos tratos, afirmaron que duermen en el suelo y hasta mostraron picaduras de "chinches".

miércoles, 4 de noviembre de 2009

RESPUESTA AL SUBSECRETARIO ROSENDE: LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS POR PARTE DEL ESTADO CHILENO EN SU CONFLICTO CON EL PUEBLO MAPUCHE


RESPUESTA AL SUBSECRETARIO ROSENDE: LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS POR PARTE DEL ESTADO CHILENO EN SU CONFLICTO CON EL PUEBLO MAPUCHE


En Chile, los medios de comunicación masivos se encuentran en manos de las clases económicamente dominantes y por lo tanto al servicio de ellas. Por lo mismo, son utilizados activa y cotidianamente en el control de la información y en la generación de desinformación hacia la población. Esta estrategia es ampliamente utilizada por parte de los Estados contra los pueblos originarios, con el fin de manipular el repudio público que provocan prácticas tan “brutales” como los reiterados ataques de la policía militarizada (GOPE) a niños mapuche. La desmemoriada población chilena muchas veces ayuda fácilmente al cumplimiento de este objetivo.


Es dentro de este contexto que se deben encuadrar las declaraciones de los ministros de Estado (Pérez Yoma, Rosende y presumiblemente muchos otros), que intentan desmarcar y desorientar respecto de los objetivos que tiene el ataque impune a las personas más vulnerables de las comunidades: los niños.


No debemos olvidar que los ataques a infantes y adolescentes mapuche, se han venido documentando ya desde el año 2002, incluyendo allanamientos a escuelas, procedimientos que, desde el año 2006, carabineros ha venido utilizando para interrogar a niños respecto a la participación de sus familiares y conocidos en tomas de terreno o actividades de resistencia. Sólo hace unos días, se realizó la denuncia de un menor de 14 años, que fue amenazado con ser lanzado de un helicóptero, con el fin de obtener información.


Tanto el manejo comunicacional, como la utilización de los niños para “disuadir” la resistencia de grupos que resisten la dominación hegemónica de un Estado, en este caso las comunidades mapuche en proceso de demandas y recuperaciones territoriales, son estrategias de la denominada “guerra de desgaste”, la que se concibe como “la sucesión de pequeños operativos que van asfixiando al enemigo en los terrenos político, económico y militar, evitando posibles acciones espectaculares que motiven la atención de la prensa y la opinión pública internacionales.” No debe ser mera casualidad que esta nueva tesis del gobierno aparezca cuando se realizan denuncias frente a Comités Internacionales de Derechos Humanos y en el transcurso de la visita del representante de UNICEF.


No hay que olvidar tampoco que Chile, luego de Colombia, es el segundo país latinoamericano en enviar soldados a la Escuela de las Américas (hoy Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental), institución donde se enseñan los conceptos del “enemigo interno” y acusada históricamente de adiestrar en procedimientos de tortura, interrogación, inteligencia militar y numerosas técnicas que violan y atentan contra los derechos humanos. En uno de sus manuales, referente a la edad de las fuentes de obtención de información, la Escuela de las Américas instruye a sus alumnos: “… Los niños son, a menudo, muy observadores y pueden proporcionar información precisa sobre cosas que han visto u oído, si se les interroga en la forma apropiada. No obstante, si bien aceptamos que los niños son buenos observadores, ellos no pueden, por lo general, interpretar los que han visto…”. Sería ingenuo pensar que la adquisición de estos conocimientos no conlleve su aplicación posterior.


Existen múltiples denuncias internacionales respecto a la transgresión de los derechos individuales y colectivos de los mapuche, incluidos sus niños, a pesar de las Convenciones ratificadas por Chile, y estas transgresiones obedecen a la política económica de mantener y continuar instalando los megaproyectos de inversión extractiva: forestales, celulosas, represas y proyectos mineros. Ese es el trasfondo de un conflicto que el gobierno chileno intenta presentar como la porfía cultural de un pueblo que se niega a ser integrado a la sociedad “moderna y globalizada”. Y es aquí donde se cierra el círculo respecto a las clases económicamente dominantes, para las que se legisla y gobierna en este país.


No es la casualidad, ni un perdigón perdido, no pueden entenderse tantos casos de niños agredidos de diversas formas ni el allanamiento a las escuelas en horarios de clases como un “exceso”, porque no lo son, son estrategias con las que se busca desgastar y reprimir la lucha del pueblo mapuche. Ningún padre o madre, mapuche o chileno, pondría a sus hijos como escudo frente al ataque y la invasión impune de sus escenarios cotidianos. Sin embargo, señores ministros, es la instrucción de sus organismos de inteligencia, la que los pone en la línea de fuego como “fuentes de información”. Eso sí es BRUTAL.

Por Claudia Molina, Pisicóloga, Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos