Wall- Mapuche Ercilla 27 de marzo de 2012.
Separación de causas de los menores de edad y adultos durante la preparación de juicio Oral por Ley Antiterrorista.
La defensa realizada por los abogados Pablo Ortega y Lorenzo Morales ha solicitado desde el primer momento de la audiencia que no se impute a los menores de edad acusados por el ministerio público y el estado, obteniendo cómo respuesta la separación de la causa que involucra a menores de edad de los adultos en supuestos ilícitos de carácter terrorista, en el que sindica e involucra a siete integrantes de nuestra comunidad, entre ellos dos adolescentes.
Estos hechos se habrían desarrollado el 9 de octubre de 2009. Los abogados han tomado en consideración los derechos que velan por los menores de edad en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Responsabilidad Adolescente de de este país, por lo que no se debería aplicar la ley antiterrorista.
Para ambos menores, la imputación del ministerio público ha significado casi tres años de vivir la persecución política en todo ámbito, teniendo incluso que asumir por algunas temporadas la clandestinidad, ya que de lo contrario significaba estar tras las rejas pese a su corta edad, todo por ser mapuche y familiar de dirigentes y comuneros detenidos. Además, se cooptó el derecho de libre tránsito, el derecho a estudiar, teniendo que abandonar la escuela por temor a ser encerrados, y asumiendo la pesada decisión de ser prófugo de la justicia, durmiendo a la intemperie, sin alimento y expuestos a una serie de factores que sólo perjudican su crecimiento físico y psicológico pero no su dignidad. Por otro lado, se vieron obligados a vivir la represión en todo su contexto, ya que durante allanamientos y controles policiales en nuestro militarizado territorio debieron hacer frente a las balas impunes de las policías, quedando al descubierto el abuso y las pocas garantías de tener un trato justo si se presentaban ante los tribunales, sabiendo además que el asedio policial afectaba directamente a sus hogares y familiares, lo que provocó una fuerte sobrecarga afectiva de impotencia y dolor.
Uno de ellos, ha vivido desde muy pequeño la represión; ha sido detenido y baleado a los diez años, ha sido interrogado y torturado arriba de un vehículo policial a los once y a los doce fue secuestrado y abandonado a su suerte a varios kilómetros de su casa, sin que las jefaturas policiales se hicieran cargo de estos ilícitos, quedando en absoluta impunidad. Su tío es constantemente citado a tribunales y su padre a estado además en la prisión política, por lo que desde el seno familiar la represión ha causado desde su infancia presión sobre él.
Hasta el momento, el tribunal está considerando no aplicar la Ley antiterrorista en este caso a los menores, pero nuestro temor está en que se les someta a doble procesamiento, y se intente realizar un nuevo juicio articulando las mismas pruebas presentadas en este caso a ambos en un nuevo proceso judicial.
De utilizar las misma pruebas se estaría engañando a la Justicia y a la opinión pública, puesto que las pruebas utilizadas serian las misma y de igual forma estarían utilizando esta ley para condenar a los menores, lo que significaría un total abuso de utilizar por todos los medios esta herramienta legal heredada de la dictadura de Pinochet y que está al servicio de los intereses del empresariado y latifundistas de este País, que lo único que pretende es criminalizar y detener la protesta social en Chile.
Seguiremos informando nuestro pensamiento ante los hechos en los próximos días y en la medida de los acontecimientos de este importante juicio que marcará precedentes para el Pueblo Mapuche, sus comunidades y organizaciones.
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Marzo 27 de 2012.
