Temucuicui, Chile (Ap)
El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está invocando una severa ley antiterrorista heredada de la misma dictadura que encarceló y torturó a su padre y la mandó a ella al exilio, para lidiar con los brotes de violencia derivados de los reclamos de tierras ancestrales de los mapuches.
La ley permite extensos períodos de incomunicación, testigos secretos y aumentar entre uno y tres grados las condenas. La defensa no tiene acceso al sumario antes de 70 días y la fiscalía tiene seis meses o más para investigar.
"Estamos frente a una desventaja objetiva y se viola el justo proceso", afirmó el abogado Manuel Adolfo Montiel, defensor de mapuches.
Las autoridades recurren a esa ley porque las comunidades indígenas más combativas apelan a la fuerza, incluidos atentados y ocupación de tierras. Los indígenas, por su parte, se quejan de que la represión policial no respeta a ancianos ni niños.
Los conflictos mapuches son un dolor de cabeza para Bachelet, que deja el gobierno en marzo y ostenta una popularidad del 78 por ciento, porque recibe quejas de organismos internacionales, como Unicef y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por el uso de la ley y las denuncias de malos tratos a niños.
Un recorrido por corresponsales de agencias noticiosas por La Araucanía, 650 kilómetros al sur de Santiago, incluida Associated Press, permitió observar huellas de la represión, conversar con dirigentes encarcelados y visitar comunidades indígenas.
Bachelet, quien se fue al exilio durante el gobierno de Pinochet, dijo que comprende los reclamos indígenas, pero que "nada, absolutamente nada justifica la violencia en la zona de La Araucanía (en el sur). El único camino de solución a las legítimas demandas históricas del pueblo mapuche es el diálogo".
Varios presos de Temuco, 670 kilómetros al sur, denunciaron largas incomunicaciones, malos tratos, afirmaron que duermen en el suelo y hasta mostraron picaduras de "chinches".
